Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo por designación de Daniel Salaverry en Perupetro
Al exmandatario se le acusa de la presunta comisión del delito de negociación incompatible.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, en agravio del Estado.
El Ministerio Público indicó que la denuncia se basa en la resolución suprema firmada por el exmandatario el pasado 9 de enero de 2022. Mediante ella, Daniel Enrique Salaverry Villa fue contratado como presidente del directorio de Perupetro S.A.
“La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó este jueves ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el exmandatario por la presunta comisión de delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, en agravio del Estado”, se lee en el documento.
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Como se recuerda, Salaverry duró solo unas semanas en el cargo, pues renunció a su posición argumentando que no deseaba que su nombramiento fuera utilizado para desestabilizar el gobierno del ahora recluso en el penal Barbadillo. Según la Fiscalía, Salaverry no cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo, lo que constituiría un acto ilegal por parte del exmandatario.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/prcaPP5WIO
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 27, 2024
TC declaró “improcedente” demanda de habeas corpus para liberar a Pedro Castillo
En las últimas horas, El Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus presentado a favor del exjefe de Estado con el que se buscaba su inmediata libertad, la reposición en el cargo de jefe de Estado y la anulación de los procesos penales en su contra.
“Cabe advertir que el Tribunal Constitucional también ha precisado en su jurisprudencia que no es un ente cuya finalidad sea sancionar o determinar conductas punibles, sino un órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, cuyo rol, en los procesos de hábeas corpus, es reponer las cosas al estado anterior del agravio del derecho a la libertad personal y sus derechos constitucionales conexos”, señala la resolución.
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